En una clara señal de apoyo al enjuiciamiento de los casos de corrupción, la Corte Suprema de Justicia reforzó el tribunal oral federal que tiene que juzgar a Cristina Kirchner en la causa de los “cuadernos de las coimas”, donde está acusada de liderar una asociación ilícita que recibió sobornos millonarios de empresarios para mantener sus contratos con el Estado.
El máximo tribunal, con la firma de los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispuso mediante la resolución 622/2022 publicada en su sitio web autorizar la contratación de tres secretarios para el Tribunal Oral Federal N°7 desde el mes próximo y hasta fin de año.
Cristina Kirchner está acusada de 27 hechos de coimas y como jefa de una asociación ilícita. Los principales acusados son los exfuncionarios Julio de Vido, Roberto Baratta, José López y el chofer Oscar Centeno, el financista Ernesto Clarens, y los empresarios Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner (extitular de la Cámara Argentina de la Construcción) y Néstor Otero (el concesionario de la terminal de micros de Retiro), entre otros.
El caso de los cuadernos de las coimas se inició por una investigación del diario LA NACION que reveló la anotaciones del chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno, que registró su paso por despachos oficiales y empresas para llevar y traer sobornos. En algunos casos, sus viajes terminaban en el departamento de Cristina Kirchner, en Recoleta, donde de acuerdo con los testimonios los bolsos eran recibido por su secretario Daniel Muñoz.
El tribunal del juicio oral está integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. Castelli es uno de los jueces que litiga ante la Corte para seguir en se cargo, pues llegó a ese tribunal oral trasladado desde otro de la zona norte.
La Corte impugnó los traslados pero dejó en sus cargos a los jueces trasladados hasta tanto se haga un concurso para reemplazarlos. En el caso de Castelli, el juez cuestionó esa decisión en un juicio que aún no terminó. Castelli fue recusado por la defensa de Cristina Kirchner, pero la Cámara de Casación rechazó ese pedido para que se aparte.
Con estos tres refuerzos de secretarios el tribunal oral puede avanzar con mayor celeridad para organizar equipos de trabajo y ordenar internamente las tareas para ponerle fecha a este juicio oral y público.
Los contratos que la Corte autorizó son de empleados de alto rango, con la categoría de secretarios, lo que permite suponer que tienen mayor formación y experiencia a la hora de organizar la marcha del juicio oral en ciernes.
El caso de los cuadernos de las coimas es gigantesco, pues cuenta con casi un centenar de imputados entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios y abarca varias causas judiciales que tramitan juntas, la mayoría ya elevadas a juicio oral.
Son por ejemplo las causas denominadas Gas Natural Licuado (por la compra de ese fluido), Camarita (el alusión a los sobornos que se repartían entre los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción), Secretaría de Transporte (por sobornos cobrados y pagados en las concesiones de ese área) y Corredores viales (por sobornos pagados por esas concesiones), entre otros casos.
Las causas del Gas Natural Licuado y la Secretaría de Transporte están en la etapa que se denomina ofrecimiento de prueba, donde la fiscal del caso, Fabiana León, y los acusados plantean la prueba que debe conocerse en el juicio oral, es decir qué testigos van a citar y qué documentación es necesaria. Son los pasos previos a ponerle fecha al juicio oral y público.
Son todas causas conexas que podrían ser juzgadas juntas, y a las que se suman además otros casos por lavado de dinero.
Los jueces del Tribunal Oral Federal N°7 habían solicitado en 2019 nueve contratos –no de tanta jerarquía–, espacios para trabajar y contener la documentación de tamaña causa, y recursos informáticos para llevar adelante las tareas. Por ahora la Corte les dio tres de los nueve contratos, pero de mayor jerarquía.
El caso Cuadernos fue elevado a juicio oral el 20 de septiembre de 2019, después de que la Cámara federal porteña confirmó las acusaciones contra Cristina Kirchner y a más de un centenar de acusados. El fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli fueron quien elevaron el caso a juicio. Desde entonces, los jueces del tribunal oral reciben planteos de las defensas.
