A pocas horas de regresar de Argentina de su primer viaje como presidente del país, a Gabriel Boric lo esperaban en La Moneda, sede del Gobierno chileno, con datos intrigantes y no menos alarmantes sobre el índice inflacionario de marzo, el que se encontraba en proceso de elaboración. Según coincide la mayoría de los principales medios trasandinos que se ocuparon de describir los primeros pasos del flamante presidente hacia la conformación y anuncio del plan económico que había prometido durante la campaña, a Boric ya le habían anoticiado del aumento sostenido de los precios de marzo, que remitiría a los chilenos al recuerdo de octubre del 2008, cuando la inflación había pegado su salto más importante y conocido hasta la fecha, y a 1993, el año en que registró la mayor marca en doce meses continuos.
En efecto, Boric lanzaría el último jueves un agresivo plan de mitigación de la inflación, desempleo y la pobreza para todo el 2022 movilizando unos 3.700 millones de dólares, de los cuales, unos 1.300 irían directamente a casi los mismos beneficiarios de la asistencia recibida durante los meses más duros de la pandemia, otros 1.400 millones a la generación de nuevos empleos con incentivos para las empresas que accedan al programa, otra parte para los sectores económicos más rezagados y otros 1.000 millones de dólares en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Junto con tales anuncios, en verdad, 21 nuevas medidas comprendidas en el plan que Boric denominó Chile Avanza, el presidente ordenó el congelamiento de las tarifas del transporte público por todo el año. Al día siguiente de dar a conocer el plan, el último viernes, el centro de estadísticas chileno daba a conocer el dato más temido: 1,9 por ciento de inflación para marzo, el más alto desde octubre del 2008 y que hizo trepar el dato anualizado a 9,4 por ciento, el más elevado desde 1993 a la fecha.
Boric –a quien la dirigencia oficial Argentina pareció subestimarlo y tratarlo como un político novato e inexperto, al que no dejaron de darle consejos y sugerencias de toda laya tanto cuando estuvo en la Rosada, con el presidente Alberto Fernández, como cuando visitó el Parlamento, llevado de un lado a otro por Sergio Massa, el presidente de Diputados, y por Claudia Ledesma Abdala, la presidenta provisional del Senado, volvía a su país con un plan económico bajo el brazo listo para anunciar y a muy pocos días de asumir. Un plan que, a dos años y fracción, la presidencia de Fernández no tiene ni tampoco pareciera que le preocupa no tener. El único plan disponible, para el que lo quiera así y todo buscar debajo del agua, podría ser el acuerdo con el FMI; pacto que todo así indica la realidad, ya estaría desactualizado y desfasado, sin siquiera haber debutado casi.
Pasado mañana, Argentina conocerá el índice de inflación de marzo. Ya nadie habla de 5 puntos, sino que las apuestas se acercan al 6 por ciento e, incluso, no son pocas las que superan esa cifra. Ese alarmante número, aunque para nada sorprendente, llevará la proyección inflacionaria para todo el año a cerca de 60 por ciento. Pocos países en el mundo han alcanzado un objetivo tan deprimente y angustiante, incluso en un momento de tanta convulsión e incertidumbre mundial tras la sangrienta y salvaje invasión de Rusia a Ucrania.
“El desmadre es total”, describió este domingo la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), a la situación general que se vive en el país y a la que Mendoza no es para nada ajena. Además de desmadre, lo que existe es una degradación permanente, continua. El próximo año, los argentinos celebraremos los primeros 40 años de democracia tras aquellos años de miseria absoluta y en todo sentido que se vivieron durante la dictadura del 76 al 83. Hasta ahora, 27 años de peronismo, por sobre los 12 años de gobiernos no peronistas, no han dado en la tecla. En Mendoza la paridad entre peronistas y radicales, básicamente, con sus socios, será absoluta: se han repartido en mitades las administraciones del 83 a la fecha. Poco pudieron hacer los gobiernos provinciales frente a la testarudez demostrada a nivel nacional en el manejo de su macroeconomía. Ni siquiera cuando coincidieron los mismos colores en la Nación y la Provincia. Hasta se podría decir que cuando eso ocurrió, el padecimiento pareció ser aún mayor.
Y la inflación junto con la pobreza han ido de la mano, bien se podría decir desde 1975, cuando sucedió el Rodrigazo, hasta esta parte. No son pocos los analistas y especialistas que fijan ese año como el inicio de una debacle imparable que se agravaría con el arranque de la dictadura, en 1976. Alejandro Katz, en uno de sus ensayos, sostiene que, hasta 1975, la Argentina vivía en una marcada movilidad social y que, a partir del cimbronazo producido por el plan de aquel ministro de Isabel Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, todo cambió. Y que, desde ahí en adelante, se daría inicio a un proceso de desmodernización social claramente determinado por la pérdida de calidad y de derechos y por la decrepitud provocada por la pobreza, que comenzó a aumentar afectando el ímpetu individual con la imposibilidad de planificar. Y la economía se vería afectada por una constante desindustrialización, el empleo por la precarización y muchas más personas ocupadas en tareas de escaso valor agregado.
Hace poco, Orlando Ferreres sistematizó los datos conocidos y más o menos oficiales de la inflación en la Argentina y que ya han sido mencionados en este espacio. Siempre es bueno recordarlos. Entre 1810 y 1820, durante las “guerras de la independencia”, se tiene registrada una inflación de 2,8 por ciento. Entre 1984 y 1989, el promedio de la híper se ubicó en 471 por ciento para esos años. Con Menem, entre 1990 y 1999, la inflación se ubicó en 58,2 por ciento. Entre el 2000 y el 2003, 9 por ciento, compartido por la fallida administración de De la Rúa y el interinato de Duhalde. Y durante el kirchnerismo, entre el 2004 y el 2014, la inflación resultó ser de 19,2 por ciento.
Los datos de la pobreza también son interesantes: 1982, de 22 por ciento, 1985, 14 por ciento; en mayo, de 1989, del 20 por ciento, pero en octubre de ese mismo año, durante la híper, ya había ascendido a 38 por ciento de los hogares. Sólo en el Gran Buenos Aires, la pobreza era de 47 por ciento hacia fines de los 80. En 1995, promediando el gobierno de Menem, fue del 22 por ciento y, antes de que asumiera De la Rúa, en 1999, ya se ubicaba en 27 por ciento. En el 2001, 46 por ciento de pobreza, mientras que, con Duhalde, y como efecto de la devaluación y las medidas tomadas por Jorge Remes Lenicov, 62 por ciento de los argentinos era pobre. Néstor Kirchner, con buena parte del “trabajo sucio” ya realizado, no pudo bajar la pobreza de 37 por ciento; Cristina Fernández promedió el 30 por ciento en medio de un apagón estadístico inusitado; Macri gobernó con 35 por ciento de pobres y Fernández, entre 40 y 42 por ciento y el actual 37 por ciento dado a conocer pocos días atrás.
