El 13 de marzo de 2020, apenas dos días después de la declaración de pandemia por parte de la OMS, se publicó en el Boletín Oficial jujeño que Rubén Armando Rivarola cedía sus acciones en Mater Noa SRL en favor de Antonio Casali, por el monto ridículo de $160.000.
Rivarola preside el PJ jujeño y su respectivo bloque en la legislatura jujeña, además de poseer un grupo empresarial cuyo mascarón de proa es el multimedio El Tribuno. La venta irrisoria de la SRL propietaria de la Clínica Nuestra Señora de Fátima en Palpalá, sobre la que estaba por caer un aluvión de subsidios, evitó el escándalo de ver al diputado organizando su bloque para regalarse más de 100 millones.
Mater Noa SRL quedó en manos de Casali y del hijo de Rivarola. Antonio Casali, adjudicatario, a través del ENACOM de la frecuencia utilizada por Jujuy FM 101.7, la emisora cabecera del grupo de El Tribuno de Jujuy, titulariza el paquete mayoritario de 160 acciones. Las 40 restantes son de Cristian Ernesto Rivarola, el Junior, que por entonces no era diputado, pero gracias a una renuncia oportuna y un par de enroques estratégicos, recientemente alcanzó su propia banca en el “bloque de papá”.
A partir de entonces, rastreamos al menos 106 millones de pesos en subsidios socolor de la emergencia Covid-19, otorgados por la gobernación de Jujuy a la clínica propiedad de Mater Noa SRL.
El 24 de julio de 2020, el gobernador Morales y el Ministro de Salud Alfredo Bouhid contrataron por $57.888.000 a la clínica, para la provisión de 32 camas por un plazo de 67 días “para la atención integral y específica a pacientes COVID-19 (leves y moderados) de obras sociales reconocidas por leyes nacionales y/o provinciales que el Ministerio de Salud derivare a la Clínica Nuestra Señora de Fátima de Palpalá”. El 5 de septiembre, se suscribió un nuevo acuerdo, esta vez por $35.640.000 por 22 camas con soporte de oxígeno para Covid-19 por 60 días, en el 5to piso de la Clínica de Rivarola. Luego, se prorrogó el primer contrato de julio por $12.960.000, por 32 camas con soporte de oxígeno por un nuevo período de 15 días. Esta vez, por camas ubicadas en el 4to piso de la clínica.
Estos decretos fueron firmados por el Gobernador Morales, y están dirigidos explícitamente a subsidiar pacientes con cobertura médica privada, dejando claro las prioridades del presidente del Comité Nacional de la UCR en cuestiones de salud pública.
En todos los casos, las normas fueron clausuradas con la fórmula “Remítase a la legislatura para su ratificación”. Allí, el bloque del PJ controlaría (controlariola) la razonabilidad del gasto.
También existe una estrecha sociedad entre Rivarola y Fellner, que fue investigada exhaustivamente desde el periódico El Expreso, que el 15 de agosto de 2020 ventiló los contratos firmados con el gobierno de Morales, detallando hasta las transacciones inmobiliarias que terminaban de dar forma al emprendimiento de salud llevado adelante por estos funcionarios públicos. Lamentablemente, el excelente trabajo de los colegas jujeños, no se encuentra disponible online.
La justicia penal tomó cartas en el asunto a partir del 17 de septiembre de 2020, a instancias de una denuncia realizada por los abogados Fernando Iconomovich y Jorge Albesa. Según los letrados, Gerardo Morales, Rubén Rivarola y Liliana Fellner habrían cometido una serie de delitos vinculados a la emergencia Covid.
Fellner, hermana del ex gobernador, es bioquímica, y siendo diputada provincial se hallaba inhabilitada para el ejercicio liberal de su profesión y también para constituirse en proveedora del fisco. En este punto los denunciantes sostienen que la firma LAC Norte SRL, laboratorio propiedad de la sociedad de Fellner y Rivarola, que presta servicios en el segundo piso de la clínica de la familia Rivarola, celebró un contrato directo con la provincia de Jujuy para la realización de tests PCR de manera monopólica.
A continuación un PCR donde consta la firma de la Diputada/Bioquímica Liliana Fellner, emitido por el Laboratorio que posee en sociedad con Rivarola, y que opera desde la Clínica Nuestra Señora de Fátima. Sin embargo, contra toda evidencia, la carátula fue discretamente archivada.
El 15 de septiembre del 2020 Nicolas Snopek, fiscal letrado del Tribunal de Cuentas, ya había presentado un escrito ante la Oficina Anticorrupción (OA) “para que se determine si existieron incompatibilidades” en las contrataciones de los test PCR adquiridos por Jujuy para la detección del coronavirus, ya que cuando se desbordaron los laboratorios de la provincia, el Ministerio de Salud giró todos los PCR al laboratorio LAC Norte SRL de los diputados Fellner y Rivarola.
Snopek, lejos de amedrentarse por el apriete de Morales, lo denunció en la justicia federal. Esta vez, la respuesta de Gerardo Morales fue institucional y categórica. Del mismo modo que 18 meses antes había ordenado amañar la interpretación de la ley orgánica que rige el Tribunal de Cuentas, para permitir que el primo sea controlante de su gestión, esta vez ordenó el trámite inverso, consistente en restituir la interpretación convencional de la ley, según la cual Snopek ya no era hábil para controlar a su primo. Porque ante todo, está la ética.
El final de la historia no tiene sorpresas, desmantelada la unidad de Snopek, la OA pegó el faltazo cuando citó a indagatoria a los denunciantes, y esto facilitó el archivo del expediente por ausencia de sustento material para seguir adelante.
Recientemente Morales, a través del Instituto de Seguros de Jujuy, firmó un convenio con la Clínica Nuestra Señora de Fátima para la realización de mamografías sin abonar el seguro. Poco después, Fellner y Rivarola inauguraron un nuevo centro de imágenes de la Clínica, ubicada en Alto Comedero. Las pandemias pasan, los negocios quedan. (El Disenso)
Nota:
Para la realización de este informe consultamos material publicado oportunamente en los medios “El Expreso de Jujuy”, “Jujuy Dice”, “Jujuy al momento” y “El Tribuno”. Agradecemos la colaboración del Dr. Jorge Albesa y la Diputada Alejandra Cejas.
