Sobreprecios, maniobras de lavado de dinero, facturas apócrifas, personal simulado, gastos inexistentes. Todos esos planteos confluyeron en la declaración de Jaime Mecikovsky en el juicio contra Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública. El ex funcionario de la AFIP, que fiscalizó compañías de Lázaro Báez, explicó ante el jurado este martes las maniobras de simulación de compras y gastos mientras sus empresas del Grupo Austral tenían como único ingreso los fondos provenientes de la obra pública vial. El testimonio de Mecikovsky, uno de los más duros golpes para la defensa de la vicepresidenta, devolvió al juicio al eje de la acusación.
El negocio hotelero de la familia Kirchner está vinculado a Báez. Para que la familia de la vicepresidenta pudiera adquirir los hoteles entre 2005 y 2009, hubo más de 15 operaciones inmobiliarias con terrenos y propiedades entre ellos y el dueño del Grupo Austral. Esta liquidez les permitió comprar el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y el Alto Calafate por 4.900.000 dólares.
Como paso siguiente, se creó la firma Valle Mitre, de Báez, con el fin de administrar los hoteles. Como esa firma no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur, le inyectaba dinero Austral Construcciones, principal contratista de la obra pública vial en Santa Cruz. La empresa que administró los hoteles de los Kirchner registró ingresos por pagos de la constructora entre 2007 y 2015 por casi 71 millones de pesos.
Según la acusación en el juicio, el círculo se cerraba con el ingreso de fondos al patrimonio de los Kirchner. Entre 2009 y julio de 2013, Báez le pagó 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. La cifra es importante, pero más la proporción que guarda en el total de los ingresos de la empresa familiar. El 54% de los ingresos del hotel Alto Calafate provinieron del Grupo Austral.
El de la corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz es hasta ahora el único juicio que Cristina Kirchner tiene en desarrollo. En la audiencia del martes, y durante nueve horas, declaró Jaime Mecikovsky, quien ante la consulta de la defensa de Carlos Kirchner (ex funcionario de Planificación Federal y primo político de la vice), se explayó con explicaciones que derivaron en un planteo no buscado por los abogados que lo habían interrogado.
Para entonces, el ex funcionario de la AFIP ya había hablado sobre cómo Báez se valió de una usina de facturas apócrifas, a través de la cual intentó justificar más de 500 millones de pesos de facturación de la firma Gotti. Mecikovsky simplificó su explicación con una frase demoledora para los acusados: “las acciones de la empresa son las que terminaron reconociendo que ese dinero provenía del presupuesto de la obra pública”.
El concepto no se agotó ahí. Mecikovsky ahondó un poco más y dijo que Gotti -que terminó integrando el holding de Báez- fue emitió facturas truchas “para pagar a los proveedores”, y que esta es “una maniobra de lavado que se complementa” por haber incluido a un intermediario que imposibilitara “el rastreo del dinero”.
Mecikovsky trazó un puente entre Gotti y Austral Construcciones: los únicos ingresos que ambas firman tenían provenían de la obra pública que les adjudicó el Estado nacional. “Si sus únicos ingresos provenían de ahí y ese dinero iba a otros objetivos (por las facturas apócrifas) me lleva a pensar que hay sobreprecios”, razonó. Puntualmente sobre Austral, indicó que sus ingresos “son en blanco pero la salida de esa plata no fue en blanco”.
Por esa razón, a su entender, el ex directivo de la AFIP señaló ante el TOF 2 que Austral Construcciones “inventó gastos con las facturas truchas y esos fondos terminaron en Suiza”. Hay que recordar que Lázaro Báez fue condenado en febrero del año pasado a doce años de cárcel, por haber lavado a través de su constructora 55 millones de dólares.
Dos de los jueces del Tribunal que firmó esa sentencia dijeron algo más: que el dinero blanqueado por Báez provenía de la obra pública vial, el único ingreso que tenía la constructora y cuyo direccionamiento hacia las firmas del contratista K se debaten en el juicio actual. Piezas de un puzzle que encajan a la perfección.
Como piedra angular de otras operaciones bajo investigación, Mecikovsky terminó hablando de los hoteles de la familia Kirchner. En esta telaraña de gastos simulados y movimientos de fondos inexplicables por parte de Austral, dijo que la seccional de AFIP de Río Gallegos -a cargo de la entonces cuñada de Máximo Kirchner-, no quiso investigar a Báez y a una de sus empresas: Valle Mitre SRL, la explotadora de Hotesur SA.
“Valle Mitre, que facturó asesoramiento de consultoría, declaraba tener 100 empleados y nunca había tenido actividad hotelera”, señaló. Según la acusación en otro expediente, el del caso Hotesur -bajo revisión de la Casación tras un controvertido sobreseimiento sin juicio oral por parte del TOF 5-, Valle Mitre había sido creada como una pantalla, para ayudar a simular gastos de los hoteles que eran inexistentes.
En otro tramo de su extensa declaración, Mecikovsky dijo que Valle Mitre tenía facturas que detallaban trabajos de consultoría en hotelería para Austral Construcciones, que se dedicaba a la obra pública. “Si no tenía ese ingreso no le daban los números, porque el 55% de los ingresos del total de Valle Mitre -que luego derivó a Hotesur- provenían de ahí. Incluso Valle Mitre firmó con Austral la provisión de 500 días de hotel y ni Austral pero ninguna de las dos firmas tuvieron actividad hotelera constatada”, agregó el ex funcionario de AFIP.
Cabe recordar que la justicia había determinado que Lázaro Báez con siete de sus empresas, habían contratado con sus respectivas facturas, habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner por 11 millones de pesos, pero que nunca fueron utilizadas.
La empresa había intentado justificar esos alquileres con la cercanía de los hoteles a obras en las que Austral tenía operarios trabajando, que según Báez dormían en esos alojamientos.
Pero tiempo después una pericia determinó que esto era falso. Los hoteles se encontraban a más de 321 kilómetros de las rutas que se construían (y que no se terminaron). “Es una muestra más de que los alquileres sólo eran una pantalla”, habían dicho los investigadores.
