5 de febrero de 2022
Casi dos años después del comienzo de la pandemia y de la aplicación de políticas restrictivas para el conjunto de la población, pero que tuvieron especial impacto en niños y jóvenes, nos volvemos a juntar padres, maestros, médicos, científicos y otros ciudadanos preocupados por la falta de certezas con respecto al regreso a las aulas.
En estas últimas semanas, el tema preponderante ha sido la vacunación de los estudiantes como estrategia para garantizar la presencialidad. Desde Padres Organizados hemos manifestado en reiteradas ocasiones que la vacuna contra el COVID no puede ser una condición para que los chicos gocen plenamente de sus derechos. Al mismo tiempo, notamos que se sigue insistiendo en la aplicación de protocolos que no conllevan ningún beneficio y que, por el contrario, se vislumbran perjudiciales después de un año de aplicación sostenida.
En un país pobre y en crisis como es la Argentina, cerrar escuelas, enmascarar niños, sostener medidas de aislamiento generalizadas en la población de menor riesgo es persistir en las decisiones más dañinas e injustificadas de la gestión de la pandemia. Nuestros niños necesitan volver a una vida y a una escuela que priorice su bienestar, donde no se les adjudique la responsabilidad de evitar contagios o cuidar la salud de sus mayores, quienes ya cuentan con las vacunas necesarias para ese propósito.
Debemos reconocer que el 2021 concluyó sin que el daño provocado por el cierre de escuelas y las medidas de confinamiento haya sido remediado. Hoy ni siquiera tenemos claros los números de deserción, ni los planes para apuntalar los aprendizajes. El regreso a las aulas en 2022 exige restablecer un enfoque que priorice el interés superior del niño, eliminando todas las medidas restrictivas que afectan la experiencia educativa y formativa.
Exigimos como ciudadanos, padres y especialistas, una escuela abierta y mejorada, que trabaje en la recuperación de contenidos y reparación del daño emocional, físico e intelectual provocado por la interrupción de la escolaridad presencial y por las medidas de confinamiento.
La vacuna no puede ser una condición para acceder a la escuela, ni un criterio de trato diferenciado entre la población escolar.
La implementación de protocolos que alejan a los chicos de la escuela debe ser evaluada teniendo en cuenta el costo-beneficio, y siempre deben prevalecer los derechos e intereses de niños y adolescentes (ley 26.061). Ya no estamos en 2020 y la población adulta vacunada asciende en nuestro país al 90%.
Los barbijos dificultan el pleno desarrollo de los chicos y no reportan beneficios comprobables. Pedimos que no exijan el uso de barbijos en las escuelas.
La desvinculación escolar no puede seguir siendo una materia pendiente, las autoridades deben abocarse a la recuperación de los chicos que quedaron marginados y garantizar la aplicación del sistema de seguimiento previsto en la ley de educación nacional. Asimismo, reclamamos un plan integral de recuperación de aprendizajes.
Demandamos que las decisiones que tomen las autoridades y que afectan a nuestros hijos, se comuniquen claramente, que estén acompañadas con información que las justifique. En definitiva, pedimos racionalidad.
Adhieren: Javier Porta Fouz (Director de Festival), Leonardo Rocheteau (Licenciado en Psicología), Christian Moliner (Ingeniero y Docente universitario), Inés Dellepiane (Abogada), Consuelo Noetinger (Licenciada en Nutrición), María José Navajas (Historiadora), Raquel Gallardo (Diseñadora), Carla Rígoli (Comunicadora), María Lorena Giroud (Docente nivel inicial), Melina Adra (Médica), Alejandra Pedretti (Traductora y docente), Paula Zelada (Profesora de nivel medio y superior en Comunicación Social), Verónica Romero Brancato (Bioquímica), Joaquín Gardel (Realizador audiovisual), Gabriela Wrobel (Psicóloga), Florencia Gutman (Diseñadora), Analía Carrasco (Acompañante terapéutica), Nicolás Furfaro (Abogado), Quimey Lillo (Comunicadora), Ema Giovannini (Docente), Rita Gaetani (Docente), Josefina Chausovsky (Psicóloga), María Amalia Destaville (Docente de primaria), Agustín Campero (Economista), Lucas Donato (Médico), Bárbara Bay Gondra (Médica), Estefanía Peralta (Médica), María Laura Olivero (Psicóloga), María Florencia Camps (Psicopedagoga), Claudia Chiaramonti (Docente jubilada), Sebastián Katz (Docente), Bárbara Abadi (Psicóloga), María Güiraldes (Periodista), Mónica Marquina (Pedagoga), Paula Rocca (Médica), Julieta Siciliano (Abogada), Giuliana Rey (Terapeuta), Gustavo Pablo Magda (Arquitecto), Gustavo Lingenfelder (Docente), Inés Rojkind (Historiadora), Ezequiel Baum (Economista), Cynthia Farah (Médica), Natalia Finamore (Pediatra), Lucía Victoria Gatto (Pediatra), María Belén Boyano (Auxiliar en Centro Educativo), Luisa Miguens (Docente), Antonella Bettini (Psicóloga), Mercedes Baca Castex (Abogada), Elena Molinari (Docente), Natalia Azrak (Docente), Lucía Iriarte (Nutricionista), Daniela Cabrera (Licenciada en Fonoaudiología), Esteban Lo Presti (Editor y Docente), Andrea Gómez Sánchez (Investigadora-CONICET), Valeria Sáenz (Psicóloga), Luis Bechara (Médico), Natalia Fernández (Psicóloga), Gabriela Guevara (Trabajadora social).
Y siguen las firmas…
