Plan de pagos a 15 o 20 años, con 10 de gracia. Tasas de interés de 1,05 en lugar de 4,05%. Sin revisiones trimestrales; sino, eventualmente, anuales y cada vez que haya alguna cumbre del organismo. Sin metas fiscales, monetarias o cambiarias. Y, fundamentalmente, con la libertad de llevar a juicio penal en Buenos Aires a los máximos conductores del Fondo Monetario Internacional (FMI) por haberle otorgado el Stand By al Gobierno de Mauricio Macri en 2018.
Estas eran las exigencias de Máximo Kirchner para apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acompañar con su voto en el Congreso. El ahora expresidente del bloque oficialista de Diputados puede descansar tranquilo: siempre se las hizo públicas a Alberto Fernández. Aún sabiendo que para el jefe de Estado, aceptar estas propuestas eran una utopía.
En un punto Máximo Kirchner no cumplió con su palabra. No esperó a conocer el texto completo del proyecto de Ley sobre la Carta de Intención del Facilidades Extendidas negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para dar su opinión final, y determinar si apoyaba o no la decisión más importante del Gobierno de Alberto Fernández.
Sólo con los números y porcentajes del compromiso fiscal para el sendero del déficit fiscal cero, determinó que ideológicamente era para él inaceptable la propuesta, y rompió filas con el oficialismo. Sin embargo, el diputado ya sabía que con la meta fiscal predeterminada para el período 2022- 2025, ya podría definirse como contrario al acuerdo final. Especialmente en lo que respecta al 1,9% de desequilibrio entre ingresos y gastos primarios para el 2023.
Según Máximo Kirchner, el ajuste que implica lograr esa meta para el ejercicio próximo, es incompatible con un oficialismo en campaña electoral. Para el diputado, ganar las elecciones presidenciales del próximo año requieren un nivel de esfuerzo fiscal lo suficientemente amplio y flexible como para poder encadenar una serie de políticas expansivas de gasto social; incompatibles con un corset semejante al que impone el organismo financiero internacional en su Facilidades Extendidas.
Máximo hizo números con sus técnicos cercanos, quienes determinaron que es imposible ubicar un déficit por debajo del 2% en el próximo año sin un aumento considerable en las tarifas de servicios públicos, una fuerte contracción en el gasto social (incluyendo disminución fuerte de planes) y un nivel de reducción considerable en el ritmo de las obras públicas especialmente las provinciales.
Para el diputado, este panorama es incompatible con un ejercicio electoral clásico dentro del kirchnerismo, el que considera ampliamente probado en el terreno político, especialmente el bonaerense. Más puntualmente, Máximo Kirchner cree que sin dinero fresco, rápido y flexible para gastar, las posibilidades de retener el complejo conurbano bonaerense se complicarían en el 2023; por lo que no se puede aceptar una restricción de fondos como la que impone el FMI en sus metas fiscales para el próximo año. Obviamente, el diputado es otro que no le cree al propio Martín Guzmán en su promesa sobre que no habrá ajustes fiscales fuertes, como tampoco subas en las tarifas de servicios públicos y mucho menos restricciones presupuestarias electorales. La teoría del ministro de Economía sobre que podrían lograrse las metas fiscales firmadas con el FMI a partir del crecimiento del PBI, no son compartidas por Máximo. Curiosa coincidencia con el Fondo. La gente de Kristalina Giorgieva tampoco le cree al ministro.
Las otras cuestiones que buscaba Máximo Kirchner en este acuerdo con el FMI estaban descartadas desde el primer día de iniciadas las negociaciones. Nunca desde Washington se aceptó la posibilidad de extender los plazos del Facilidades Extendidas. El diputado buscaba un plazo de más de 15 años, algo que directamente no está en los anaqueles del organismo financiero internacional. Lo mismo la reducción de las tasas de interés y los sobrecargos de los créditos para los países complicados como la Argentina.
Esto hubiera requerido algún tipo de acuerdo político directo con el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) para ser aprobado. Debido al tamaño del favor que se hubiera requerido, sólo una decisión política de los grandes árbitros de la política internacional hubiera podido destrabar la cuestión en el board del FMI. Y, para esto, Argentina se debería haber convertido en una especie de aliado incondicional del gobierno de Joe Biden y de las potencias europeas. Por ejemplo, en estos tiempos complicados, Alberto Fernández debería estar anunciando el envío de tropas a Ucrania para disuadir a Vladimir Putin para que no invada ese país; actuando codo a codo con los países de occidente que están militarmente presentes en el lugar.
Algo parecido a lo que Carlos Menem decidió con aquella Guerra del Golfo de 1990, cuando Argentina envió algunos buques simbólicos para repeler la invasión de Irak a Kuwait. La misma actitud "proyanqui" se debería haber mantenido en contra de Venezuela, Nicaragua y, quizá, contra algunas de las políticas de China; algo que para el kirchnerismo sería directamente un suicidio impensable. Sin embargo, sólo este tipo de actitudes de países de alianzas plenas (casi carnales) con Estados Unidos y occidente; ameritan cambios estratégicos profundos en las votaciones del board del FMI. Simplemente, así es el poder internacional. Y no se cambiará desde Buenos Aires.
