Por qué Guzmán considera un logro lo que en realidad es un fracaso

En un día ajetreado por el anuncio del principio de acuerdo con el FMI, el ministro Martín Guzmán fue el centro de atención. En su presentación para explicar el avance de las negociaciones y en distintas entrevistas periodísticas, resaltó los beneficios de lo pactado con el organismo internacional.

El mensaje que quiso dar el funcionario fue que la solución alcanzada al problema de la deuda no implicaba ningún tipo de ajuste o condicionamiento. Además, en cada oportunidad que tuvo, remarco un tema especial. Casi con orgullo, el titular de Hacienda aseguró que el acuerdo no contemplaba la exigencia de una reforma laboral.

Este es un tema que divide a la clase política y a buena parte de la sociedad, entre sectores denominados progresistas y los considerados neoliberales. Obviamente, el sindicalismo ve cualquier avance en este tema como un ataque por la posibilidad de pérdida de derechos de los trabajadores. Las declaraciones de Guzmán apuntaron a tranquilizar, precisamente, a ese sector.

Más allá de las posiciones ideológicas, es bueno ver qué sucede en la Argentina con una legislación laboral rígida que tiene como objetivo, supuestamente, cuidar el empleo.

Los últimos datos que se conocen señalan que la población económicamente activa, en el país, ronda los 20.500.000 personas. De ese total, sólo el 42% tiene un empleo formal, entre el sector privado y el público. Un 29% son trabajadores en “negro”, una 20% semiinformales y un 9% desocupados, seg{un datos del Observatorio social de la UCA.

La consultora FIEL cuenta con datos similares: 9,8 millones de personas son asalariados formales, 7 millones informales y el resto son semiformales.

PUBLICIDAD

Más allá de la precisión de las cifras, está claro que del total de la fuerza laboral, quienes gozan de derechos plenos, en relación de dependencia, son menos de la mitad de los trabajadores. La mayoría no puede acceder a un empleo formal o son cuentapropistas.

A esta situación se llegó en un proceso largo de retroceso económico generado por las sucesivas crisis. La fotografía de décadas atrás no era la misma. La marginalidad fue avanzando por distintos motivos como el cierre de empresas o la falta de crecimiento. Desde hace una década, según diferentes estimaciones, el país no genera empleo privado. Incluso, con años de crecimiento. Sólo crece el del sector público o el informal.

Esta situación se produjo con las actuales leyes laborales, pensadas para proteger a los trabajadores y no como consecuencia de una flexibilización neoliberal 

El costo de tomar un empleado es elevado ya que el empleador debe pagar al Estado un monto que puede ser equivalente al salario que abona en concepto de aportes patronales.

A esto se suma el otro costo que es, tal vez, más alto: el del despido. Las indemnizaciones elevadas, los juicios laborales y demás exigencias que enfrenta una empresa o un comercio desalientan la contratación.

Una encuesta reciente a empresarios de la provincia de Buenos Aires, la más importante desde el punto de vista económico, señala que, pese al crecimiento que augura el Gobierno Nacional para este año, el 75% de los consultados no planea incorporar personal en 2022 y un 10% proyecta reducir la plantilla.

Tanta regulación, en la práctica, viene provocando que no se generé empleo. Si esto el sistema actual sirviera para proteger a la mayoría de los trabajadores, no habría argumentos para cuestionarlo. El problema es que es lo contrario. Rige para la minoría y le quita la posibilidad a quienes están en la informalidad, sin ningún tipo de derechos ni protección social, de acceder a un empleo registrado con algún beneficio.

En los países que más crecieron en las últimas décadas, las leyes laborales están en las antípodas de las vigentes en la Argentina. En Australia, por ejemplo, se puede tomar personal con la misma facilidad que se lo puede despedir. El costo de entrada y salida es inexistente. Se trata de un país de pleno empleo y que demanda mano de obra extranjera permanentemente y de alta calidad de vida. Son los argentinos que quieren emigrar a Australia y no los australianos que se pelean por venir a la Argentina.

Sin llegar a ese extremo, ya que hay otros ejemplos no tan flexibles que funcionan como un incentivo a la generación de empleo. Es decir, puede haber soluciones intermedias para posibilitar revertir la tendencia del avance de la informalidad. Cualquier tipo de medida en ese sentido puede ser aplicada para los nuevos trabajadores, sin afectar los derechos adquiridos de los que cuentan con la protección de las leyes actuales.

Con el paso del tiempo, los empleados bajo la vieja legislación se irían jubilando y quedaría un mercado laboral más flexible y competitivo. Sumar trabajadores registrados debería ser el objetivo de los gremios en lugar de defender los derechos de cada vez menos gente.

Jactarse de no haber acordado una reforma laboral, en un país con semejante nivel de informalidad y desempleo, puede responder a una posición ideológica.  La realidad y los dos datos muestran que, más que haber alcanzado un logro, se está aplaudiendo un fracaso