El intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero fue denunciado penalmente por la ONG Alerta Galgo y por María Susana Lang, presidenta de la Agrupación Vecinos proteccionistas de esa ciudad e integrante de Buenos Aires Castraciones masivas y la Red de Políticas Públicas.
Ambas denuncias están centradas en el trato que hiciera o pretendiera hacer con los perros y gatos que actualmente residen en las calles de esa localidad ante la falta de políticas públicas preventivas y de control o irresponsabilidad humana, como sucedió con el caso de los dos perros Dogo que, teniendo dueños, atacaron a transeúntes.
Respecto a la primera presentación judicial, se lo acusa de abuso de autoridad, mal desempeño de deberes de funcionario público y se está ampliando la denuncia hacia apología por sus declaraciones respecto a la creación de una perrera y la culpabilización hacia los vecinos que les dan de comer, indicó a minutouno.com una fuente vinculada al caso. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N 19 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, donde se inició una "investigación penal preparatoria" para juntar y analizar pruebas.
"No van a poder recuperar a sus perros", dijo el intendente
"Los perros se van a cargar de inmediato en una camioneta con dos personas que tendrá un número de teléfono para que todos los vecinos llamen cuando ven algún perro en la calle. Se van a llevar a la perrera y vamos a poner una guardia y serenos para que no los puedan recuperar", aseguró. Además, agregó: "Y mucho menos la gente que por ahí ve un perro callejero y les da de comer, entonces no se elimina más de la calle ese perro". Alentar a este accionar va en contra de la ley de maltrato animal 14.346 que en su artículo 2 inciso 1 determina que es considero maltrato "no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos".
Ambas declaraciones contradicen la ordenanza 7.516 de Coronel Suárez votada por unanimidad en el Consejo Deliberante en junio del año pasado. Y es por esto que Alerta Galgo lo acusa de incumplir sus deberes. Es que en el artículo 14, se asegura que a los perros y gatos comunitarios, que que "por causa de la sobrepoblación carecen de un hogar que los cobije" se los debe "atrapar, castrar y devolverlos a su lugar". Y aclara: "no serán retirados de la vía pública" si no representan peligrosidad.
En tanto, en el artículo 19 se decreta que de encontrarse un animal en la calle sin el dueño, se lo podrá retener, llevarlo al Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis y en caso de presentarse el dueño, devolverlo bajo notificación y posible apercibimiento según el Código de Faltas Municipal si reincide en la conducta.
Por último, la ordenanza, insta a la castración como el único método de control poblacional y prohíbe las matanzas. Según la normativa, se deberían estar castrando el 20 por ciento de la población de animales por año, y profundizar el número con el paso del tiempo. Por el momento, en su discurso punitivista, el intendente no dio detalles del presupuesto gastado ni de las esterilizaciones realizadas. En mayo de 2021 hubo en el municipio una muerte humana por rabia tras la mordedura de un gato, informó el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Además, la ley provincial 13.879 de equilibrio poblacional de perros y gatos determina que "los municipios bonaerenses están obligados a lograr en el menor tiempo posible que la cantidad de animales sea igual a la cantidad de familias que los puedan acoger, es decir, alcanzar, sin matanzas el equilibrio poblacional".
