La Fiscalía apeló el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Hotesur
El fiscal federal Diego Velasco apeló este lunes el sobreseimiento de la vicepresidenta y de todos los imputados en la causa por lavado de dinero.
El fiscal federal Diego Velasco apeló este lunes el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner; de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner; y del resto de los imputados en la causa Los Sauces - Hotesur.
Velasco pidió que la Cámara Federal de Casación Penal revoque esa decisión y que disponga la realización del juicio oral y público por los alquileres de los hoteles y propiedades de la familia Kirchner, que habrían sido utilizados para lavar dinero de acuerdo a la acusación del fiscal.
Velasco presentó hoy la apelación ante el Tribunal Oral Federal 5, que a fines de noviembre sobreseyó a los cerca de 30 imputados de la causa en un fallo dividido de 2 a 1.
Tras la apelación de la Fiscalía, ahora intervendrá la Sala I de la Cámara de Casación, lo cual quedará para el 2022 a raíz de que los tiempos judiciales ya no permiten que la apelación se trate este año.
Esa misma sala debe analizar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán y la que la desvinculó de la causa dólar futuro.
El fiscal Velasco planteó varios argumentos para pedir que se revoquen los sobreseimientos. Uno fue que los jueces del TOF 5 tomaron esa decisión en violación a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
También que en la causa hay prueba pendiente que se está realizando -dos peritajes- y que no se puede sobreseer cuando la instrucción suplementaria del caso no está terminada, por lo que todo esto debe analizarse en un juicio oral.
El fiscal Velasco resaltó que "los hechos en los que se centra la imputación son de una gravedad institucional altísima y se enmarcan dentro de las Convenciones Internacionales contra la corrupción".
Para el fiscal, se ha privado de "ventilar en un juicio oral y público un caso de extrema gravedad institucional, quebrantando así el debido proceso legal y la funciones propias del Ministerio Público en esta etapa procesal –art.120 C.N.-, dando lugar a la doctrina de la arbitrariedad y el caso federal".
"Han devastado años de investigación, de recopilación de prueba de difícil obtención, de labor extenuante de distintos actores del Ministerio Público Fiscal frente a personas que ostentan un gran poder político y económico, sin siquiera darle a esta parte la posibilidad de debatir todas las cuestiones en un plano de mayor transparencia e igualdad, para que la sociedad toda pueda obtener del Poder Judicial de la Nación a través del método normal y natural de culminación de un proceso (sentencia luego del juicio) y no a través de un método anormal y simplemente formal, la definición de una causa en donde se ha investigado entre otras cosas el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años, sobre todo teniendo en cuenta que en apenas 2 meses el proceso estaría en condiciones de iniciar el debate oral y público", completa el fiscal en su apelación.
Además de la Fiscalía, otra parte acusadora de la causa es la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del gobierno de Alberto Fernández. El plazo para apelar vence mañana a las 9.30 pero hoy pidió una prórroga. En las próximas horas el tribunal firmará la resolución por la que le darán más tiempo.
