Molotov contra Clarín y contra la democracia
Tras el ataque a la sede del diario, debe replantearse el mensaje de los referentes políticos y funcionarios contra los medios de comunicación. Y qué responsabilidad les cabe por lo ocurrido.
El episodio violento de la madrugada contra la planta de Clarín, corporizado en las bombas molotov, forma parte de una secuencia de declaraciones de importantes funcionarios políticos contra medios de comunicación y de otros hechos violentos concurrentes.
Todo este conjunto de expresiones inconvenientes y de episodios de violencia explícita horadan la democracia republicana.
El presidente de la Nación, la vicepresidenta, Máximo Kirchner, Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, son algunos de los funcionarios que vienen señalando a los medios no afines como sembradores de odio, de crítica infundada e incluso de responsables indirectos de un disparo que recibiera un candidato del Frente de Todos en un acto en Corrientes.
En una sociedad crispada, si máximos referentes del poder atizan sin sentido acusaciones imprudentes, marginales de la sociedad pueden sentirse validados para avanzar en acciones de violencia inaceptable.
En paralelo, en el sur del país, hay toma de terrenos, muerte de ciudadanos en territorios ocupados y destrucción de locales y
mobiliario público en la ciudad de El Bolsón. Rosario está atemorizada por los ataques indiscriminados a tiros a
estaciones de servicio, a un restaurante con varios comensales y dejando una carta intimidatoria.
La violencia verbal genera violencia real y la ausencia de orden y seguridad por parte del Estado, caos e inseguridad anárquica. Este cóctel desatinado impacta sobre la democracia republicana, donde la seguridad, el orden y respeto en la vida diaria y la libertad de expresión y de prensa son valores fundamentales para una convivencia pacífica.
Las autoridades deben ser prudentes y responsables en sus apreciaciones públicas y el Estado, garantizando los derechos
personales de todos, debe asegurar vida pacífica, libertad, propiedad pública y privada y prevenir y sancionar todo hecho de violencia indebida.
