En el juicio por la presunta corrupción en la obra pública -cuya principal acusada es Cristina Kirchner-, este lunes declaró como testigo el encargado del edificio de la calle Uruguay y Juncal donde vive la vicepresidenta. Julio César Silva contó quiénes ingresaban al edificio para dirigirse al departamento de Cristina, cuáles son o fueron los vecinos de la propiedad, a nombre de quiénes llegaba la correspondencia. El portero recordó a Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner, que en la causa de Los Cuadernos de las Coimas fue señalado como la persona que trasladaba bolsos con dinero proveniente de los sobornos y los recibía en ese departamento.
Preciso en sus dichos, y tomándose unos minutos para recordar algunos nombres completos, Silva regresó a Comodoro Py después de tres años. La primera vez que tuvo que declarar como testigo fue cuando el juez Claudio Bonadio allanó el edificio de Uruguay y Juncal en el marco del caso Cuadernos. “Hace 32 años soy el encargado del edificio y tengo buena relación con todos”, dijo al iniciar su testimonial.
El testigo fue requerido por la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, el objetivo de los acusadores era ratificar “la situación contextual” de las relaciones entre los distintos acusados en el expediente por supuesto direccionamiento de las obras públicas viales en Santa Cruz, entendiendo que aquel edificio se encuentra mencionado en diferentes causas judiciales, y que tiene un protagonismo excluyente en el caso Cuadernos: varios testigos -comenzando por el chofer Oscar Centeno- lo señalaron como epicentro del supuesto movimiento de fondos de origen ilegal que pagaban los empresarios contratistas del Estado.
El departamento de Cristina en el edificio de Recoleta que tiene más de 80 años de antigüedad, valía según la justicia unos 800 mil dólares en 2016. Luego de dejar la Casa Rosada, ese piso de 280 metros cuadrados fue uno de los domicilios en los que se instaló para vivir. También era una dirección conocida para Lázaro Báez, al menos en los papeles.
En 2009, según una nota elevada por Austral Construcciones -firma insignia del empresario K detenido por lavado de dinero- consta el pago por los contratos de locación de tres propiedades. Con cheques extendidos a la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo “Bochi” Sanfelice, figura el detalle del pago por el quinto piso de Uruguay y Juncal. En la planilla se registran seis meses de alquiler.
Sólo por ese semestre, la familia Kirchner recibió de la mano de la constructora de Báez 152.130 pesos. No hay registro de que la empresa haya utilizado las instalaciones.
Austral está en el centro de la acusación del juicio, ya que fue adjudicataria de las 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos, que a criterio de la fiscalía que formuló las acusaciones para el juicio, fueron contratos direccionados y cargados de irregularidades. Entre otras, hubo sobreprecios del 65% promedio, y la mitad de esas obras quedaron inconclusas aunque se cobraron por completo.
“En el quinto piso vive la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el encargado del edificio. El mismo piso que supo alquilar Lázaro Báez cuando en simultáneo era contratista del Estado. Otro testigo en audiencias anteriores, encargado del edificio de calle Carabelas -donde Austral Construcciones tiene su domicilio fiscal- señaló que llegaban allí impuestos como el ABL del departamento de Cristina, para que Báez los pagara.
“¿Conoce a Osvaldo Sanfelice?” preguntó la fiscalía. El encargado del edificio de Uruguay y Juncal respondió inmediatamente que sí, que lo había visto en algunas ocasiones. “Lo atendieron en el edificio, él iba al quinto piso”, reseñó. También admitió haber visto a Oscar Leiva, quien “vivió un tiempo en el cuarto piso”. Se trata del cuñado del “Bochi” Sanfelice.
El vínculo no es sólo familiar. Sanfelice figuraba en la nómina de empleados de Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo. La justicia después investigó pagos cruzados: la compañía le pagaba por alquiler de maquinaria a Agosto SA (de Sanfelice) y cuyo único cliente era el Grupo Indalo.
Cuando el fiscal Diego Luciani le preguntó si recordaba quiénes habitaban en el edificio, no dudó en referirse al quinto piso donde se encuentra la vicepresidenta, y al repasar la correspondencia que entrega se refirió a "los dueños del Canal 5” en referencia a Fabián De Sousa y a Cristóbal López.
Efectivamente, según consta en otras causas judiciales, el dueño del Grupo Indalo alquiló el departamento de la vicepresidenta con dos empresas: Alcalis de la Patagonia (también inquilina de uno de los departamentos de Cristina Kirchner en Puerto Madero) e Inversora M&S, controlante de Oil Combustibles (juzgada por un supuesto fraude millonario al Estado al no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles). Los contratos se celebraron entre mediados de 2014 y fines de 2015. En ese entonces, todos los ingresos provenientes del alquiler por ese departamento en Recoleta se facturaron a través de la “sucesión Kirchner, Néstor Carlos”.
Pero López no vivía ahí. Lo había alquilado para un estrecho colaborador, el abogado Mauro Ismael Sánchez. Ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el portero señaló este lunes que “el señor Sánchez, de profesión abogado, vivió un tiempo en el edificio”.
Para los investigadores, el departamento de Uruguay y Juncal es una pieza central en el escándalo de los bolsos con coimas. En el 5° piso de ese edificio, según escribió en los cuaderno el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, llegaban bolsos con dólares provenientes de coimas que pagaban empresarios que recibían contratos de obra pública. El encargado de recibir esos fondos era el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
El encargado Julio Silva se refirió al “secretario de Néstor Kirchner que ya falleció”. No recordaba el nombre en ese momento, y decidió continuar con su relato. “Ya me va a venir el nombre”, le dijo al fiscal Luciani. Contó que su arregló era “entregarle cada vez que lo veía de 500 a 600 cartas donde la gente pedía trabajo”. Entonces, tras una breve pausa,,a dijo: “Daniel Muñoz, así se llamaba el secretario” a quien también le entregaba los servicios que venía a nombre del quinto piso.
Le pidió permiso al fiscal y quiso hacer una salvedad “nadie podía negar el momento difícil que vivía el país en aquel entonces, y soy testigo de la infinidad de gente a la que le consiguió trabajo (Néstor Kirchner)”.
La referencia a Daniel Muñoz
A Daniel Muñoz lo mencionó como una persona asidua al edificio del Uruguay y Juncal. Cuando procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, Bonadio determinó que sólo en el departamento de Uruguay 1306, "se hicieron 87 entregas por 69.722.600 dólares", según indica la resolución. Aunque es impresionante, ese monto registra sólo la suma de las entregas anotadas por Centeno. En sus cuadernos, además, hay varias referencias a otros circuitos de recaudación ilegal de otros ministerios del gobierno de los Kirchner, que tenían su terminal en la misma esquina porteña de Uruguay y Juncal. Según las anotaciones del chofer, en un "modus operandi" que se repetía, esos bolsos eran trasladados a ese domicilio entre las 20 y las 21.
Cristina y Austral Construcciones
En el juicio no se analiza el circuito investigado en los Cuadernos de las Coimas, pero este “edificio emblemático es una muestra más de los vínculos comerciales entre Báez y Kirchner”, explicaron fuentes judiciales.
La firma utilizada para alquilar ese piso ya había celebrado otros acuerdos comerciales con la vicepresidenta: compra-venta de inmuebles, alquileres de habitaciones de los hoteles de la ex familia presidencial que él administraba a través de Valle Mitre SRL. Esta firma que no contaba con capital propio, se financiaba con préstamos de Austral Construcciones por más de $ 70 millones entre 2009 y 2015, y así podía garantizar el pago del alquiler a la familia Kirchner.
Austral Construcciones era dueña del terreno en el que Cristina Kirchner amplió su hotel boutique en El Calafate. A cambio de esa permuta, tienen en condominio un terreno valuado oficialmente en $ 14.700.000. Pero también la firma -que tenía como único cliente al Estado nacional- construyó dos complejos de edificios propiedad de Los Sauces SA (inmobiliaria de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero), que después terminó alquilando con sus constructoras.
