La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cobra dos pensiones por 2,5 millones de pesos y tiene derecho a cobrar un salario por su cargo, al que renunció. Parece obsceno, pero es legal. El problema es de fondo, porque Cristina maneja los resortes legales que le permiten no tener objeciones y, en un plano más amplio, también es parte de un grupo privilegiado que construye normas que sutilmente les garantiza un bienestar al que el resto de los ciudadanos no tiene acceso.
La situación es extraordinaria. Una expresidenta, viuda de un presidente y que además es vicepresidenta. María Estela Martínez de Perón tuvo una situación similar al ser expresidenta y presidenta y también cobra dos pensiones (como exmandataria y como viuda de un militar). Lo que es inusual es la permanencia en el poder de quien recibe esos beneficios y que le allanan el camino. Cristina es madrina política de Fernanda Raverta, titular de la Anses que declaró "abstracta" la causa por las dos pensiones y habilitó el pago (sí, pidió que le descontaran el impuesto a las ganancias). Por encima está Carlos Zannini, el procurador que levantó cualquier objeción legal. Toda la estructura del Estado puesta a defender el interés particular de la vicepresidenta, antes que el interés común. Cristina no solo cumple las características excepcionales de ser expresidenta, viuda de un presidente y actual vicepresidenta. Es también la jefa de quienes deben controlarla. En un sistema político regido por la obediencia, Cristina no tiene nada que se oponga. "La sartén por el mango y el mango también".
Los múltiples ingresos de parte del Estado que tiene Cristina son legales. Pero son inmorales desde el punto de vista político. Más en una persona que está en ejercicio del poder y supone arraigo a sectores populares. La Anses tiene como norma apelar, evitar el pago y estirar los tiempos judiciales. Tanto que la Corte Suprema le advirtió en reiteradas oportunidades que agilice los pagos y hasta impuso intereses extraordinarios por mora. La vicepresidenta renunció al cobro de su sueldo como actual funcionaria desde abril, cuando comenzó a cobrar nuevamente las dos pensiones.
La superestructura habilita esos privilegios. Por eso Adolfo Rodríguez Saá cobra pensión como presidente, aunque estuvo 7 días en el cargo. Cobos cobra pensión y salario lo dona a estudiantes de primer año de ingeniería.
Las quejas de la oposición tienen mucho más que ver con el oportunismo que con el deseo de cambio.
El menú que tenía a disposición le permitió elegir a qué renunciar. Incluso la polémica se trasladó a una abstracta pelea política: en la gestión de Macri la Anses le había negado las dos pensiones. Cristina lo llevó al terreno político y luego ganó la pulseada. Pero no hay nada de ideología detrás; solo se trata de dinero, algo que a la funcionaria no le falta según se puede ver en sus declaraciones juradas de bienes. Mientras era Presidenta Cristina declaraba 26 inmuebles, participaciones en sociedades que ahora son investigadas por una supuesta trama de lavado de dinero.
Hoy la mayoría de esos bienes fueron trasladados a sus hijos, pero tiene un pasar holgado.
La legalidad del cobro de las dos pensiones está reñida en este caso con el sentido de oportunidad. La dirigente de mayor poder del país cobra dos asignaciones de la Anses, el organismo que administra los fondos de jubilación; el mismo que paga una mínima abajo de los 30 mil pesos y que demora el reconocimiento de retroactivos y actualizaciones y que es, ante todo, un organismo que garantiza territorialidad política al kirchnerismo.
