Cristina Fernández de Kirchner fue clara. No puede haber acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) si el organismo no aplica una reducción en las tasas de interés que se le apliquen al país en un eventual Facilidades Extendidas. Sin la contracción de 4,05 a 1,05%, es imposible aceptar el acuerdo. Sin este beneficio, destinado exclusivamente para los países que tienen un buen comportamiento, se entiende dentro del kirchnerismo que políticamente es imposible de aceptar y de avalar dentro del ala más radicalizada de la coalición gobernante. Y, en consecuencia, no pasará por el Senado Nacional, donde la que manda es la vicepresidenta.
Esta definición irreductible fue recibida por la dupla negociadora argentina que estará presente en la próxima cumbre del G-20 de Roma, donde probablemente el viernes el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán se encuentren con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Allí los argentinos dejarán planteado que no se puede avanzar en las negociaciones sin la reducción de las tasas de interés. No sólo porque se lo considera lo más justo, ante la imposibilidad de discutir plazos de pago mayores a 10 años, sino porque sería imposible aprobar el acuerdo dentro del Congreso Nacional. El kirchnerismo no lo haría.
Esta será la principal misión que los dos funcionarios argentinos deberán llevar a la capital italiana; dado que lo demás ya está casi cerrado. Las partes ya saben que el potencial acuerdo deberá ser a 10 años con la posibilidad de una cláusula de extensión si en el futuro el organismo extiende los tiempos en su estatuto. Argentina podrá comenzar a pagar 4,5 años después de firmado y se pelea una tasa de interés de 1,05% en lugar del 4,05%, que debería regir para casos de incumplidores seriales como el local. Hacia delante, en los próximos meses, se deberá discutir lo más difícil de aceptar para la coalición gobernante: cuales serán las metas fiscales, monetarias, cambiarias y macroeconómicas a las que la Argentina se debe comprometer para poder lograr en el 2026 una renegociación de los pagos de ese año.
Queda otro tema polémico por resolver: la aceptación de las misiones del FMI dispuestas en el artículo IV, y que deberían ejecutarse, como mínimo dos meses al año. Todos estos últimos capítulos, más la aceptación política de los 10 años de plazo máximo para un acuerdo de Facilidades Extendidas; deberán ser negociados dentro de la coalición que comandan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner; quienes, aún, están lejos de una fumata blanca.
Todo esto, obviamente después de las elecciones de noviembre. Antes, ya es más que una utopía. Lo que buscará Guzmán es que la Carta de Intención pase por el Congreso Nacional, y sea apoyada por todas las fuerzas políticas de la Cámara que surja luego de los votos de noviembre; incluyendo especialmente a todas las gamas del peronismo oficialista y Juntos por el Cambio. Se verá. Lo que ahora debe rearmar Guzmán, es la estrategia para enfrentar el último vencimiento del año con el organismo por unos US$1.800 millones de diciembre, correspondientes al Stand By. Para esto existe la posibilidad de conseguir algo más de dinero de los DEGs, pero, curiosamente, no del FMI sino de alguno de los países que también recibirán ese dinero, pero no lo utilizarán; y, en consecuencia, estarían en condiciones de prestarlo a terceros países. Argentina está interesado en negociar alguna operación de este tipo, con estados "friendly".
El primer candidato es China, seguido de alguno europeo. El dinero del que se podría hablar no es mucho, pero serviría largamente para cumplir con los pagos al FMI de septiembre y diciembre (unos US$1.800 millones cada liquidación); sin necesidad de tocar ni las reservas ni los DEGs propios. Y, en consecuencia, saltando los problemas políticos dentro del oficialismo donde se discute utilizar el dinero que gire el FMI para paliar las consecuencias internas de la pandemia, y no para cumplir con los compromisos de deuda.
Se supone que el dinero extra que pueda conseguir el país con estas negociaciones bilaterales, no estarían atados al compromiso directo que el propio FMI impuso de ser aplicados para las consecuencias del covid-19 en las economías; sino que podrían tener libre disponibilidad para atender situaciones financieras internacionales. Sería cada uno de los países propietarios de ese dinero luego del giro del FMI, los que podrían dictaminar el destino que consideren convenientes. Incluyendo ayuda a terceros países con problemas de vencimientos de deuda, algo que el propio FMI dijo que quiere evitar con los DEGs.
