La Anses, el organismo de la seguridad social conducido por la camporista Fernanda Raverta, presentó este martes ante la justicia previsional un escrito pidiendo que se archive el juicio que Cristina Kirchner inició en 2017 en reclamo del pago de dos prestaciones que son consideradas de privilegio.
La solicitud se hizo en respuesta al pedido que formalmente hizo el viernes último la propia vicepresidenta quien, en rigor, a raíz de una resolución que emitió en marzo último la Anses, ya está cobrando desde abril de este año las dos prestaciones, aun cuando una sentencia que le era favorable había quedado en suspenso tras ser apelada por el propio organismo estatal.
Una de las prestaciones es en carácter de expresidenta y la otra, por ser viuda del también expresidente Néstor Kirchner. Uno de los pagos había sido suspendido a inicios del gobierno de Mauricio Macri por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual se argumentaba una incompatibilidad legal. Esta última situación había provocado la demanda, en la que no solo se reclamó la restitución del pago mensual, sino también el cobro de los montos retroactivos con intereses y la devolución de lo descontado por el impuesto a las ganancias.
Los pagos en cuestión surgen de la ley 24.018, que en su artículo 5 establece que la percepción de la asignación vitalicia de expresidente de la Nación es “incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”.
El nuevo escrito presentado ante la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social y firmado por el abogado Diego Hernán Ruiz González en representación de la Anses (que en la causa tenía el rol de actuar en defensa de los intereses del Estado), afirma que “la cuestión debatida en autos se ha tornado abstracta”, por lo cual se pide “que se tenga por desistida la apelación interpuesta por mi parte, ordenándose el archivo de las presentes actuaciones”.
La apelación a la que hace referencia la frase es la presentada por representantes del Estado en la causa “Fernández, Cristina Elisabet c/ Ministerio de Desarrollo Social y otros s/ nulidad de acto administrativo”, luego de que en un fallo de primera instancia, el juez Ezequiel Pérez Nami le diera la razón a la vicepresidenta, a fines de 2020. La apelación de la Anses fue un escrito simple, en el que no se expresaron los argumentos por lo cuales había oposición a lo sentenciado. También hubo una apelación presentada por un grupo de legisladores de la oposición, que buscaron actuar como terceros interesados en la cuestión, “por derecho propio y en representación de todos los jubilados y del resto del pueblo”, para expresar una posición contraria y tratar de evitar el cobro de las dos prestaciones a la vez. Sin embargo, a fines de septiembre una decisión de los jueces camaristas los dejó al margen de la causa. (LN)
