La gobernadora de Río Negro caminaba sola por la ruta 40 cuando sintió que un piedrazo le zumbó por un costado. Después otro. Le tiraban desde atrás. Nunca se dio vuelta. Siguió caminando. Intentaban amedrentarla.
Durante esa caminata se convenció de que su agresor le advertía que tenía la pericia suficiente para tirarle rocas con velocidad peligrosa y puntería notable. No la lastimaron. Podrían haberlo hecho.
La mandataria sabía desde donde provenía esa agresión. El 19 de octubre del año pasado iba a bordo de su camioneta para controlar el desalojo de un campo tomado por mapuches violentos. Los dueños de la estancia El Foyel habían quedado “prisioneros” de supuestos aborígenes que entraron en sus tierras para usurparlas, y durante días no les permitieron salir de la casa mientras ellos merodeaban los alrededores.
La Justicia había ordenado que la policía actúe sobre ese grupo de violentos y logró sacarlos de esas tierras privadas. Pero en solidaridad con sus “compañeros” otra comunidad identificada también como mapuche, aunque sin sustento legal que apoye ese origen, había cortado la ruta federal 40 generando un caos de tránsito en el que quedó varada la gobernadora.
Fue por eso que se bajó del vehículo oficial para intentar hablarles a los “piqueteros”. Le gritaron “loca”. Le exigieron a los alaridos que se vaya: “¡Tómesela de acá! ¡Esto es territorio mapuche! Usted no es autoridad mía. Nunca voy a creer en ustedes. Tengo sangre mapuche”.
Ella solo les pedía “diálogo”. No hubo. Pasó un año desde aquel incidente que tomó relevancia nacional. Los “mapuches” que cortaban el tránsito en la zona siguen moviéndose por esas tierras de Villa Mascardi. Y los incidentes graves se multiplicaron tanto en Río Negro como en Chubut y Neuquén.
Carreras se cansó de la falta de ayuda de la Casa Rosada y denunció públicamente que hay funcionarios nacionales que apoyan estas acciones. Algunos de los últimos ataques fueron denunciados por la gobernadora en la Justicia bajo la figura de “terrorismo”. El conflicto se complejizó. Los “mapuches violentos” tiene ahora ascendencia e influencia en el poder político K.
El ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, separado de La Cámpora pero con afinidad con su dirigencia, avaló que su organismo retire la querella que Parques Nacionales lideraba contra una comunidad supuestamente aborigen que se adueño de una zona del Parque Nacional Nahuel Huapi. Otras tomas de terrenos reciben “solidaridad” en solicitadas públicas firmadas por organismos del Estado que controla la agrupación juvenil K.
Dos ex jefes de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, con llegada a los Kirchner, asisten a un sector de los “mapuches violentos” cuando tienen problemas con la Justicia. Vaca Narvaja es padre de Camilo Vaca Narvaja, quien fue pareja y tuvo una hija con Florencia Kirchner. Su hermano, Sabino Vaca Narvaja, es embajador argentino en China. El padre, Fernando, fue funcionario de Río Negro.
El trabajo de Vaca Narvaja con los “mapuches” violentos fue confirmado a Clarín por fuentes que dialogaron del tema con el ex montonero.
“Para él, el avance de la RAM es una reivindicación de su pasado guerrillero, la verdad, no lo entiendo”, agregó una fuente inobjetable con respecto a esa interlocución.
La polémica sobre este conflicto patagónico que lleva años pero se profundizó en esta era K, pasó a ser parte de la agenda mediática internacional. Fue cuando trascendió que que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, le prestó asistencia consular en el ámbito jurídico a quien admite ser el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, quien cumple en el país trasandino una condena de nueve años de cárcel, confirmada por la Corte Suprema de Chile, tras comprobarse que fue uno de los autores de la quema de una propiedad en Pisu Pisué, además de haber sido descubierto portando armas ilegales.
Ese hecho ocurrió en el 2013 y es un indicio más de cómo la pelea mapuche a través de la violencia tiene alianzas a un lado y otro de la cordillera. Antes de ser extraditado desde Argentina a Chile, y mientras duró el caso de Santiago Maldonado, quien antes de morir ahogado en un territorio usurpado por la RAM protestaba en una ruta por la liberación del reo.
La abogada de Facundo Jones Huala era en ese momento la actual ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta.
Hasta ahora, la funcionaria no hizo declaraciones al respecto.
Defendió siempre la inocencia de su cliente, como corresponde en un país bajo estado de derecho.
Días antes de recibir la asistencia de Bielsa, Jones Huala había lanzado una arenga para movilizar aun más la violencia de las tomas de tierras, incendios y diversos ataques en la Argentina.
Desde la cárcel en Chile, envió una carta que se difundió en la Argentina.
Entre otras frases, Jones Huala le pedía a sus seguidores “menos llanto y más combate”, y agregó: “Quienes no nos sentimos representados por los institucionales y cobardes no tenemos por qué obedecerlos ni seguirlos, ni seguir dejando que se impongan. ¿Ellos se imponen y los agresivos somos nosotros?”.
Al texto de Jones Huala le siguieron más incidentes muy violentos que provocaron la reacción de Carreras, la respuesta fría que recibió de la Casa Rosada, y declaraciones en cadena de dirigentes ultra K, como el senador Oscar Parrilli, que defendió a los “mapuches” (es originario de Neuquén y conoce muy bien la trama y el conflicto desde hace casi una década); o de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
Carreras recibió la solidaridad de otro gobernador de la región que sufre los ataques de los “mapuches” violentos. Mariano Arcioni, de Chubut.
Los últimos ataques que se adjudicó la RAM fueron los siguientes:
El 20 de septiembre pasado esta organización usurpó tierras privadas en el paraje Cuesta del Ternero: de la toma participa, como anticipó Gonzalo Sánchez en Clarín, la hermana de Jones Huala.
El 3 de octubre un incendio intencional arruinó la oficina de atención turística de El Bolsón. Al día siguiente se prendió fuego con combustible, adrede, un campamento que Vialidad Nacionalidad montó en el Cerro Catedral, corazón del turismo de Bariloche. Una familia que vive cerca de ese lugar fue atada por los atacantes de la RAM. Ellos se identificaron como los autores del desastre. Dejaron carteles llamando a una guerra contra la Argentina. Y otros con amenazas con la gobernadora Carreras. La mandataria denunció esos hechos con la calificación de “terroristas”.
Lo mismo hizo el 20 de octubre pasado cuando de nuevo se prendió fuego de modo intencional al club Andino Pilquitrón, utilizando combustible para que todo arda.
Otra vez quedaron escritas amenazas contra ella y contra el intendentes de El Bolsón, Bruno Pogliano.
Este fin de semana, la mandatario rionegrina denunció en Radio Mitre que al menos un organismo estatal ayuda a la usurpación de tierras de supuestas comunidades originarias. Es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al mando de su coterránea, Magdalena Odarda. Y cuyo vicepresidente es Luis Pilquimán, antes “mapuche” en lucha, hoy procesado porque siendo funcionario usó su cargo y bienes del Estado para mantener y ayudar a usurpadores de tierras ajenas. Como las que aun persisten en Villa Mascardi.
La RAM, de acuerdo a informes de las fuerzas de seguridad nacionales a los que accedió Clarín, tendría apoyo financiero y político de dirigentes vinculados a la reivindicación de los kurdos, un pueblo que pelea por su independencia dentro de un Estado que no reconocen, como Turquía y Siria. Lo mismo con dirigentes que pelean por la causa pro Palestina en contra de Israel. Hay documentación indubitable del apoyo de dirigentes kurdos a la RAM. Igual que investigaciones que intentan establecer lazos entre ex cuadros de la guerrilla Sendero Luminoso con este pelea de supuestos aborígenes argentinos.
Se podrían dar detalles de esos otros nexos.
El ex secretario de Seguridad de la Nación, Gerardo Millman, que indagó en la problemática mapuche, afirma que está convencido que “los montoneros son el sustento ideológico de los violentos de la Comarca Andina. Si dejamos que esa violencia avance la usurpación puede convertirse en ocupación y tenemos un espejo doloroso en el que mirarnos; son las Malvinas”.
En un sentido similar se expresó la senadora nacional de Neuquén, Lucila Crexell.
Las actuales autoridades nacionales parecen restan importancia a lo que gobernadores y ex funcionarios no.
En rigor, el poder K parecen alentar a la violencia que no repudia públicamente.
El INAI, por caso, depende del Ministerio de Justicia. Su titular es el rionegrino Juan Martin Soria. No hizo declaraciones sobre los “mapuches” violentos.
Un ejemplo de la politización K de este tipo de hechos ocurrió en la usurpación de las tierras en Cuesta del Ternero, Río Negro.
Mapuches con aval normativo y personería jurídica repudiaron esos hechos.
Mientras quienes tomaron esas tierras privadas recibieron apoyos en una solicitada de gremios docentes K y de hasta entes públicos manejados por La Cámpora: entre quienes rubricaron ese texto se puede leer a “Radio Nacional Bariloche” y “Radio Nacional El Bolsón”. Medios públicos a favor de la RAM.
Algo cambió en el poder.
Aunque Carreras lidera ahora las quejas de provincias cansadas de convivir con ataques amenazantes de encapuchados impunes.
