El Tribunal Oral Federal 7 rechazó un planteo de recusación contra el magistrado German Castelli presentado por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa “cuadernos” y sus conexas que están elevadas a juicio y deberán ser juzgadas por dicho Tribunal. En ese sentido, además pretendían que se anule todo lo actuado por el juez. Se trata de uno de los jueces cuestionados por el oficialismo por irregularidades en el traslado, según consideraron en el Consejo de la Magistratura cuando se revisaron algunas subrogancias. En ese sentido el juez judicializó la cuestión.
El pasado 10 de septiembre, los abogados Carlos Beraldi y Ariel Llerrnovoy pidieron la recusación de Germán Castelli al señalar: “En la oportunidad expresamente contemplada en su art. 354 del Código Procesal Penal de la Nación, y en los términos previstos en los arts. 55, siguientes solicitando el apartamiento y la la nulidad de todos los actos en los cuales intervino el magistrado en cuestión”.
Al rechazar los planteos, los jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori se manifestaron que sin perjuicio de los artículos citados, la parte sustentó su pretensión en la existencia de temor de parcialidad, en base a que “durante el trámite del proceso de revisión del traslado del juez Castelli hacia este Tribunal Oral N° 7 iniciado a finales de julio del año pasado, el magistrado habría manifestado enérgicamente en diversos reportajes y a través de acciones judiciales en la esfera nacional, que estos episodios conformaban una ‘remoción encubierta’ e ‘ilegal’, orquestada por los otros poderes del Estado -con la participación directa de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner- y dirigida a apartarlo del presente".
En este sentido, los jueces entendieron que el examen de las declaraciones del magistrado que trae la defensa en aval de su proclama “no exhibe la interpretación que se les asigna, pues de la simple lectura surge –sin ambages- que no se ha emitido opinión sobre los hechos investigados en la presente causa N° 13.820 y sus conexas Nros. 9.608 y 13.816 -donde se encuentra imputada la señora Cristina Elisabet Fernández-, ni tampoco se advierte que las expresiones reflejen un ánimo adverso por parte del juez hacia la nombrada, de modo que -desde tal visión- no se observa la lesión a las garantías de raigambre constitucional que invoca la defensa".
En este contexto, agregaron que de lo presentado por la defensa “surge claro que el magistrado en ningún momento realizó una valoración de la imputación dirigida a la señora Cristina Elisabet Fernández por la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio; mas por el contrario, frente al objeto de sus declaraciones públicas, el magistrado se encargó de señalar -en reiteradas ocasiones- que en el ejercicio de su función jurisdiccional cualquier ciudadano o ciudadana (iba a tener) un juicio justo...”
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Críticas al planteo
En otro orden de cosas a la hora de dar respuesta a lo requerido por los abogados de la vicepresidenta, llamó la atención de los jueces el extenso período transcurrido desde que Beraldi y Llernovoy tuvieron oportunidad de denunciar la ocurrencia de la circunstancia que –a su criterio- generó la sospecha o temor de parcialidad en función de la cual actualmente sustentan su pedido de recusación, “nótese que transcurrieron 399 días desde la emisión de la entrevista televisiva que cita la defensa”, señalaron.
Recordemos que esta causa tuvo su explosión el 1 de agosto de 2018 con la detención del chofer Oscar Centeno que durante un periodo de tiempo hizo en su cuaderno anotaciones sobre presuntos hechos de corrupción del kirchnerismo.
En este expediente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la jefa de una banda que recaudaba sobornos de empresarios para los gobiernos kirchneristas. Y junto a ella estarán en el banquillo de los acusados cuando se fije fecha de juicio varios miembros de su gabinete cuando era presidenta, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta, José López ( que es arrepentido) y varios empresarios de renombre en nuestro país, la mayoría de ellos que en instrucción declararon como imputados colaboradores. Cuando el fallecido juez Claudio Bonadio clausuró la investigación dejó claro en su resolución que “los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de US$ 55.460.000 entre 2003 y 2015.”
