Conflicto mapuche: qué hay detrás de la defensa del Gobierno a los usurpadores en la Patagonia
Desde el primer gobierno K, el plan era darle a los indios los parque nacionales. Ministros que miran para otro lado, la violencia que crece y el caso de los mapuches que reclamaban tierras ancestrales a 2.600 kilómetros de su casa.
Desde su primer gobierno, el kirchnerismo apañó el crecimiento del reclamo mapuche. En aquel momento -y aún hoy- el proyecto K consistía en darle a los indios los parques nacionales. De hecho, hace dos semanas el ministro de Ambiente Juan Cabandié explicó que la decisión del Estado de dejar de ser querellante en contra de los mapuches usurpadores en Villa Mascardi obedece a “buscar diálogo y hacer tareas de comanejo”, citando como ejemplos las administraciones mixtas de los parques Nahuel Huapi y Lanín.
Por otro lado, la ministro de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gomez Alcorta fue abogada del líder mapuche Facundo Jones Huala. Tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba detenido; sus definiciones ideológicas son lo más parecido que vi a un revuelto gramajo.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha puesto históricamente su estructura en favor de los reclamos. Luis Pilquiman, el segundo en jerarquía, fue denunciado por proveerles ayuda a los que toman tierras. Pilquiman es tío del tristemente celebre “Testigo E”, Lucas, quien dijo haber visto como un grupo de gendarmes se llevaba a Santiago Maldonado, hecho que obviamente jamas existió.
Claudio Vazquez, el nuevo juez federal de Río Gallegos, cercano al Gobierno, falló a favor de los indios en relación a una queja por conservación de los restos de sus ancestros en una obra de represas. Fue la primera vez que una sentencia se escribió en lengua mapuche (también se dio a conocer una versión subtitulada al español).
Días atrás, Hector Gambini observó que, luego del pedido de auxilio de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras frente a lo que describió como “terroristas”, hubo tres ministros que miraron hacia otro lado: Aníbal Fernandez, que “pidió dialogar con encapuchados que en una semana prendieron fuego una oficina pública en El Bolsón, dañaron patrulleros, apedrearon automovilistas y atacaron a cuidadores de un camping”, y los ministros Cabandié y Martín Soria, de Justicia.
Esta historia tuvo su pico de tensión en 2017 en Neuquén, Río Negro y Chubut y fue entonces cuando comenzó a hablarse de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), una organización insurreccional que no reconoce al Estado argentino.
En el caso de Mascardi, la toma de tierras se basó en la percepción de una machi (según la RAE, curandera de oficio en la cultura mapuche) que “sintió” que los próximos sesenta kilómetros eran tierra ancestral. Una especie de “machi inmobiliaria”. El sueño indígena va más allá: si se observa sobre un mapa de la Argentina su reclamo llega casi casi a Posadas y Callao.
La última de las tomas que encendió alarmas fue la de Cuesta del Ternero. Trabaja en el caso la fiscal Betiana Cendón, y en su oficina se acumulan más de setenta denuncias sobre usurpaciones y daños. Cuesta del Ternero se encuentra en el área rural de El Bolsón. Esta historia comenzó el 18 de septiembre y el 24 el juez provincial Calcagno ordenó allanar, se dejó una custodia policial y a las pocas horas los autopercibidos mapuches volvieron a entrar.
En este caso se presentan como miembros de la comunidad Quemquemtreu. Luego comenzó una negociación para que se retiren del lugar y comenzaron, también, a intervenir los organismos de derechos humanos (a favor de los indios, no del legítimo propietario del lugar, Orlando Rocco).
15 años de relevamiento
El INAI lleva mas de quince años elaborando el relevamiento territorial de comunidades indígenas. Hay 1.756 comunidades originarias. Lo de originarias es un decir. El periodista y bon vivant Gabriel Levinas -experto conocedor del norte argentino- descubrió, por ejemplo, a un médico del hospital de Cachi, Salta, supuesto diaguita nombrado cacique. El cacique es hijo de una alemana. Otros autopercibidos diaguitas son en verdad bolivianos, con apellidos aimarás de origen peruano. Hasta llegaron a presentarse, en Tartagal, mapuches que reclamaban tierras ancestrales a 2.600 kilómetros de casa.
El relevamiento del INAI tuvo tres renovaciones transitorias y vuelve a vencer este año,en el que se presume que será renovado una vez más. Esta es una pelea en la que el gobierno defiende a los usurpadores contra los argentinos. Haríamos bien en empezar a verla.
