El titular de la fiscalía especializada en Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, visitó esta mañana los estudios de La Brújula radio, un día después de que se conociera el veredicto del juicio oral contra la mafia de la Uocra, habiendo logrado que todos los imputados sean condenados por los delitos de “asociación ilícita” y “extorsión”.
“La investigación duró cuatro años. A fines de septiembre de 2017, el fiscal general formó las actuaciones a través de publicaciones periodísticas, muchas de ellas de La Brújula 24, que daban cuenta de las manifestaciones de funcionarios locales y de la provincia sobre ciertas conductas de la Uocra que impedían a los empresarios de la construcción poder desarrollar las obras sin inconvenientes. La causa fue remitida a la Fiscalía Nº10 a mi cargo y comenzamos a trabajar”, indicó Zorzano en este medio.
Además, en su charla con el periodista Germán Sasso y su excolega Christian Long, el fiscal recordó que “con la lectura de la información periodística, buscamos antecedentes a través del sistema informático que den cuenta de denuncias de empresarios o personas relacionadas con la construcción respecto de integrantes de la Uocra. Hicimos un listado de las personas que nos podían aportar datos”.
“Comenzamos con dirigentes de la Cámara Argentina de la Construcción y de la Unión Industrial Argentina seccional Bahía Blanca que declararon, describieron el panorama e hicieron referencia a otros empresarios que venían sufriendo estas extorsiones de la Uocra. Todos eran víctimas de extorsiones, aprietes que les impedían realizar las labores. Los integrantes del gremio utilizaban instituciones en principio lícitas con un fin ilícito”, ratificó el integrante del Ministerio Público, en otro segmento de la nota radial.
Luego, explicó que “las asambleas, que son reuniones donde se les informa a los trabajadores de una empresa respecto de beneficios. Las mismas se pueden realizar fuera del horario laboral o el ámbito de la empresa o bien dentro de ambas, siempre pidiendo permiso a los empleadores. Es algo válido y previsto, pero en este caso bajo el nombre de asambleas se paraba la actividad de la empresa, no tenían como fin informar o hacer algún planteo de cuestiones laborales o de seguridad e higiene”.
“Era absolutamente extorsiva, exigían a los que estaban en la obra trabajar e impedían el ingreso y egreso de maquinarias y vehículos, paralizando tareas incluso hasta durante días. Trataban de lograr que los dueños vayan a la sede de la Uocra y, en ese ambiente, formulaban el pedido de dinero para que los dejaran trabajar. Una vez que abonaban, se terminaban las asambleas durante todo el transcurso de la obra. Esto no solo lo dijeron los empresarios, sino los propios trabajadores que declararon, dando cuenta de un interés espurio”, enfatizó el titular de la UFIJ Nº 10.
Paralelamente, recalcó que “la gran mayoría son extorsiones y el dinero terminó en algunos de los jefes de la organización como Monteros y Burgos. Ambos, aparte de tener bienes importantes y dinero, también había empresas que estaban a cargo de familiares, lo que aumentaba sus patrimonios. No solo pedían dinero, sino también vieron que tenían la posibilidad de organizar empresas que prestaban servicios para la construcción: baños químicos, venta de viandas e indumentaria. No solo imponían un servicio que no correspondía que se imponga porque ni la ley ni ningún decreto exigen a empresas que presten ese servicio”.
“Hay un empresario que tenía ocho personas a su cargo y no solo le exigieron aumento de sueldos, sino también que prestara el servicio de transporte desde los domicilios hacia el lugar de trabajo. Eso solo corresponde cuando una empresa vial realiza una obra en la ruta, donde no hay medios de transporte local, pero en este caso, las obras que realizaba para ABSA eran arreglos de veredas en el centro de Bahía Blanca, donde llegan todos los micros. Le hicieron firmar un convenio”, añadió Zorzano, respecto del modus operandi.
Paralelamente ponderó la labor del doctor Eugenio Casas: “Con esos elementos en consideración, el juez llegó a la conclusión de que se trató de imposiciones, porque nadie paga más que el costo de plaza que puede tener una empresa. En algunos casos quedó acreditado que el servicio era pésimo porque los baños no se limpiaban. Hay un dato que es gráfico: cuando declaró Burgos responsabilizaba a la fiscalía de lo mal que le había ido a la empresa de sus hijos cuando la causa tomó estado público y ellos terminaron detenidos. En realidad les fue mal porque a partir de ese momento los empresarios no se vieron obligados y contrataron otras alternativas”.
“En el caso de Molina, a diferencia de Burgos, no se le reprochó el rol de jefe, si bien se acreditó luego que tenía un papel protagónico, pero cuando se elevó la causa a juicio no había datos suficientes para atribuirle esta condición de jefe, por eso la pena fue algo menor a la más dura. Uno de los argumentos que sostuvo Molina es el de ser preso político, pero la valoración objetiva de la prueba demuestra otra cosa”, aseguró el representante del Ministerio Público.
El fiscal refirió que “había un hecho principal que era el de asociación ilícita, una banda con ciertas condiciones porque configura un delito independiente del que cometa esa asociación ilícita. Era una organización que llegó a cumplir los objetivos de cometer los ilícitos que se había planteado al momento de su formación. Acá también se acreditaron los 50 hechos que se cometieron en el marco de la asociación ilícita, muchos de ellos que habían sido cometidos por integrantes del gremio que ya habían sido condenados a través de juicios abreviados y en otros tuvo una participación preponderante Monteros, quien sobre su situación se extinguió la acción penal por fallecimiento”.
“De la prueba surge la acreditación de todos y si bien no leí el fallo de Casas porque son mil fojas, tiene acreditados todos los hechos. El juez hizo una valoración muy objetiva y se encargó de analizar la prueba de forma pormenorizada. La sentencia me parece muy sólida, con detalle de la prueba a partir de casi un centenar de testimonios que se produjeron en el debate. Fuimos seis personas intervinientes en el juicio las que terminamos con Covid, siendo uno de ellos el propio Monteros quien lamentablemente falleció”.
Consultado respecto al dinero que logró recaudar la mafia de la Uocra, estimó que “en su momento hicimos un cálculo y la suma es voluminosa, a veces hay ciertos datos concretos que reflejan lo que fue, pero luego es difícil establecerlo. Pero hay algo que es ejemplificador: cuando fue detenido Monteros en Monte Hermoso tenía 5 millones y medio de pesos y 550 mil dólares, sin tener en cuenta otros bienes. Esto grafica su crecimiento y la evolución económica, en especial de los líderes”.
“El doctor Casas resolvió que no corresponde el decomiso porque no hay sentencia condenatoria contra Monteros. Hay otra causa iniciada, la que algunos llaman Uocra 2, que tramita en Fiscalía y que busca acreditar los vínculos de otros empresarios con el gremio. En el marco de eso se investigará porque el juez hace referencia al lavado de activos”, consideró Zorzano.
Con relación a la forma en la que fueron escalando los miembros de la cúpula de la Uocra, sostuvo que “muchas veces, estos dirigentes gremiales se transformaron en empresarios, al ser conocedores de la industria de la construcción: eso les servía para organizar a nivel familiar empresas que presten determinados servicios y en otros casos les servía para dar el zarpazo en el momento justo cuando pedían dinero”.
“Un empresario que fabrica hormigón elaborado y asfalto que paraban la obra cuando tenían la batea llena de hormigón o el mixer con asfalto, estratégicamente porque si por un lapso de tiempo empezaba a perder sus propiedades y no servía, siendo un costo muy elevado. Allí hacían la ecuación, si les pagaba porque les salía más barato que la pérdida de material”, finalizó, con respecto a un ejemplo didáctico de las maniobras utilizadas.
Más de Zorzano, en frases
“Tratamos de no dejar pasar ninguna circunstancia que nos aporte información, por eso es posible que se hayan encontrado datos hasta en la basura. No quedó acreditado que Monteros manejara droga. Se encontró en su domicilio en una cantidad menor que pareciera propia para consumo, tomando intervención la Fiscalía específica. Las armas que en su momento se le imputó por su tenencia, las cuales algunas estaban condicionadas para su uso civil, se encuentran secuestradas y se le imputó el delito, aunque la causa no continuó por su deceso”.
“No recibí aprietes, los imputados fueron muy respetuosos, más allá de ejercer el derecho de defensa, actuando con vehemencia. Quedó absolutamente acreditado que la utilización de medios violentos para lograr determinados fines. Dije en el juicio que eso generaba temor en la sociedad en general y en particular a los que tenían que tratar con dirigentes de la Uocra de manera obligada. El conocimiento público es que actúan violentamente y eso generó que la gente les tenga miedo. Todos lo describen como un ambiente hostil y coinciden en esa misma descripción, decían que entraban a una sala, que pasaban a una oficina que estaba a la izquierda. Eso habla de la credibilidad de los testigos, por esos detalles”.
“Los empresarios recibían la visita en la obra y exigían la documentación laboral de los trabajadores, la cual era recabada después de varios días. Llevaban los biblioratos a la reunión en el sindicato en la cual estaban Monteros, Burgos, Molina o hasta Paiz. A partir de ahí, la información dormía el sueño de los justos, ni siquiera se abría el bibliorato, pasando al tema que según los empresarios era el que les interesaba como el pedido de dinero”.
“Eran cautos y cuidadosos para que no sean grabados. Cuando era el momento de pedir la suma concreta del dinero, lo escribían en un papel que se exhibía. En algunos casos, hay empresarios que desesperados por la suma que tenían que pagar, la tacharon y pusieron una menor, a la cual accedían. Esto no solo pasaba en Bahía Blanca, sino también en Suárez, donde Burgos manejaba el territorio”.
“A veces ni siquiera hablamos de empresarios, sino de empresas familiares a las que se les hacía muy difícil afrontar lo que se les exigía. Había puntos de encuentro, a veces en la propia sede de la Uocra, donde se sentían amparados porque nadie se animaba a filmar o grabar. Los lugares de encuentro rotaban, eran estaciones de servicio o vía pública. Se entregaba el dinero en un sobre, a veces se mandaba a un enviado de la empresa y tenían alguna palabra clave como ‘vengo a buscar la documentación o los papeles'”.
“En los testimonios se hablaba de pesos, nadie hizo referencia a dólares. Incluso se secuestró una máquina para contar dinero. Un hecho anecdótico fue cuando se hizo el allanamiento que pedimos asesoramiento al personal del Banco Provincia de Monte Hermoso para agilizar los tiempos y hasta utilizamos esa misma máquina. En el domicilio particular se encontró una caja de seguridad portátil que estaba llena, la cual fue abierta por un cerrajero en la sede de Fiscalía”.
“Quiero destacar la responsabilidad de los empresarios que, pese al temor de que la causa no llegue a nada, prestaron su declaración testimonial y estuvieron a la altura de las circunstancias. Hay una sentencia que tiene probados los delitos con certeza. Esta es una de las causas emblemáticas de la historia judicial por el esfuerzo que debió hacerse para acreditar los delitos”.
Esta particularmente tiene un elemento singular que fue la pandemia, con las dificultades adicionales para postergar la realización del debate y todas las vicisitudes de este juicio. Había personas detenidas y era necesario llevar adelante el debate oral y todo detenido merece que se aclare su situación procesal, por eso el esfuerzo del Tribunal para llevar adelante el juicio que fue muy complicado y se hizo en horas de la tarde porque teníamos la agenda matutina ocupada”.
