El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Mocccero, se encuentra envuelto en una grave acusación por presunto abuso y acoso sexual que ha derivado en una presentación ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Plata por daños y perjuicios, referenciada con el número 58407-2019 y a la que tuvo exclusivo acceso BonaerenSer.
La denunciante se llama Agata Maite Gallardón, es oriunda de La Plata y según reza en su testimonio en el expediente, se comprometió a acudir al fuero penal para complementar la presentación.
Hay que remontarse al año 2013 para bucear el origen de los episodios, en aquel momento la joven denunciante comenzó a desempeñarse en carácter de secretaria en la oficina de Moccero, quién recién había asumido como diputado provincial por el entonces Frente para la Victoria, espacio que aglutinaba al kirchnerismo y partidos aliados.
A partir de entonces, según acusa, habrían sido insistentes las insinuaciones y distintos improperios lanzados por el entonces legislador hacia la demandante, ya sea de manera personal y virtual.
Los desatinos habrían ido escalando de tono hasta el límite de solicitarle Moccero a Gallardón fotos de sus partes íntimas por vía de comunicaciones por WhatsApp.
Todas esas capturas de pantallas que testimoniaría y expondrían la conducta del intendente, efectivamente constan como prueba en la demanda iniciada en noviembre de 2020.
Volviendo al relato de la damnificada, la misma explica que con el transcurso del tiempo, Moccero no solo habría intentado persuadirla con la posibilidad de ofrecerle dinero para tener relaciones sexuales sino que también habría comenzado a interesarse por conocer amigas de Gallardón con la idéntica intención de avanzar hacia la concreción de sexo pago.
Consciente del riesgo que corrían sus amigas, Gallardón habría advirtido a Moccero sobre las indecentes propuestas, a lo que el alcalde solo se limitaría a responderle que a ella le pagaría cinco veces más si aceptaba el convite sexual.
Este cúmulo de situaciones desembocaría, según continua detallando en el expediente la denunciante, en un episodio registrado sobre medidos del 2016 en un ascensor de la Legislatura bonaerense cuando Moccero habría pasado de los dichos a los hechos al soltarle un beso en la boca a la joven.
A partir de ese momento, al que Gallardón lo califica en el expediente como rayano con el ultraje, la demandante comenzó a experimentar distintas patología como ataques de pánicos, fobias, mareos y hasta vómitos asociadas a los momentos que le tocó transitar.
Estas anomalías físicas que comenzaron paulatinamente a esmerilar su salud mental y física le infligió a la joven un importante gasto en medicamentos y especialistas de distintas ramas para tratar las patologías.
Agata declara que también sufría permanentes amenazas de cesar de sus servicios por parte de Moccero sino se sometía a sus designios, inclusive llegó al extremo- según consta en la causa- de exigirle que retorne al país estando ella de vacaciones en Brasil durante enero del 2016 alegando que tal situación podía ameritar un causal de despido.
Jaqueada por el agotamiento psíquico y la angustia que la invadía, Gallardón hizo caso a la decisión de los profesionales que la atendían y pidió una carpeta médica que le posibilitara descansar de la constante situación de apremios a la que, según explica, se encontraba sometida.
Sobre el filo de las elecciones legislativas de 2017, Moccero le habría notificado a Gallardón que tenía decidido prescindir de su contrato alegando el argumento de que la campaña de ese año la estaba costeando de su propio bolsillo,y que le era imprescindible contar con ese contrato.
Ante esta circunstancia, Agata se encontraba en su domicilio con carpeta psiquiátrica con el aditamento de haber sufrido un accidente de tránsito cuando llevaba por orden de asesores de Moccero una encomienda a la terminal de ómnibus ajena a su tarea cotidiana.
Gallardón explica en su declaración que también fueron desestimadas por el intendente de Suárez las promesas de gestionarle la posibilidad de que pudiese seguir con una fuente de trabajo en la oficina de otro legislador al caducar su mandato. Situación que hubiese resultado con distinto epílogo, según estima en su denuncia la demandante, si se hubiese prestado al juego de Moccero.
Presentación de la demanda judicial
Así las cosas y una vez finalizado el vínculo contractual, Gallardón debió asimilar las consecuencias para su salud que le habría producido los episodios antes denunciados, para posteriormente recolectar fuerzas de su propia flaqueza y ensayar una contundente respuesta que derivó en la presentación en 2019 de una demanda civil contra Moccero.
La provincia de Buenos Aires tiene como particularidad, antes de sortear un juzgado, de interponer la acción de una mediación entre las partes. Ante tal circunstancia, la demanda fue elevada al abogado Roberto Benitez que ejerció los oficios de mediador, sin llegarse a ningún entendimiento en las dos instancias previstas.
En la primera de ellas, Moccero no presentó letrado patrocinador y en la segunda sí lo hizo, Ernesto Martín, pero no se arribó a buen puerto por las disidencias irreconciliables. Es que según averiguo este portal en fuentes judiciales, se hace extremadamente difícil conciliar intereses cuando la acusación roza la extrema gravedad.
Ante las desavenencias provocadas en la mediación, la causa siguió su curso y se consolidó con la carátula de Proceso Judicial en lo Civil y Comercial de Agata Maite Gallardón contra Ricardo Alejo Moccero por daños y perjuicios extra contractual derivados del acoso y abuso sexual, que lleva el número de expediente 58407- 2019.
La demanda consta de 77 páginas donde además de la declaración minuciosa de la joven, contiene la prueba recogida por las 89 capturas de pantalla donde quedaría explícito y actuaría como material respaldatorio de lo declarado por la denunciante.
La demanda solicita un resarcimiento a Moccero de 6.632.800 pesos por los daños y perjuicios ocasionados a raíz del resquebrajamiento de la salud física y mental de Gallardón, además de los gastos que tuvo que destinar a la compra de medicinas y consultas a profesionales especializados en psiquiatría y psicología.
También consta en el escrito, la manifiesta intención de Agata de avanzar en la presentación penal para complementar la acusación contra el alcalde.
Ante la consulta de BonaerenSer en medios legales sobre el posible destino que puede tomar la causa, nos han manifestado que la denuncia penal es la que finalmente dilucidaría la suerte de Moccero, debido a que se hace dificultoso que desde lo Civil se pueda condenar un hecho que la demandante caracteriza como aberrante.
La estrategia del abogado de Gallardón, Marcelo Salomón, de comenzar el derrotero judicial en el fuero civil quizás tuvo como primera intención el objetivo de arribar a un acuerdo sin acudir a medidas extremas de carácter penal. Sin embargo, todo indica que ese espacio de la Justicia apunta a ser el escenario donde la demandante podría llegar a encontrar una reparación ante tanto desosiego padecido que ha denunciado.
