Hay una cuestión esencial que debe aclararse, porque obedece a las cuestiones de Estado. Y son las visitas que el presidente Alberto Fernández recibió durante la cuarentena más rigurosa en la Quinta Presidencial de Olivos.
Pero, más puntualmente, aquellas que están en entredicho con la orden del Gobierno nacional de mantenerse aislados para evitar los contagios.
Esto, porque quienes las realizaron no lo hicieron obedeciendo a sus funciones como mandatarios sino que se trató de reuniones sociales o para tareas que no pueden ser consideradas esenciales.
La transparencia de la lista de las personas que visitaron la residencia presidencial permite saber, por otro lado, que allí también funcionó un vacunatorio vip.
El escándalo de los vacunados VIP eyectó a un ministro de Salud de su sillón, pero su eco todavía sigue sintiéndose: es que se utilizó ese ámbito oficial para inmunizar vaya a saber a quién.
La sospecha fundada da pie para averiguar si sólo fueron funcionarios, si estos tenían prioridad por sus cargos o si también la inmunización fue aprovechada por familiares de los allegados al poder.
El gobierno tapa el escándalo, la vergüenza, con el arribo constante y necesario, pero tardío, de vacunas y eso no debe ni puede tapar este bosque, porque, en esos momentos, la población no sólo era mandada a guardarse en su casa sin poder ni siquiera a padres o hijos, sino también porque las dosis eran un bien escaso, a optimizar para los más necesitados y no los más acomodados.
Esto va más allá de un escándalo.
El caso más ejemplar es el del flamante ministro de Defensa, el ex montonero Jorge Taiana, que logró recibir la vacuna antes que otras personas, incluso, que sus pares en el Senado. Hoy, ese mismo funcionario resultó nombrado para un cargo ejecutivo de suma importancia.
En todo caso, tiene que ver con cómo un país construye la justicia social en la distribución equitativa de sus medicamentos durante una época de crisis.
Porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace.
