La noticia llegó en medio de una situación crítica y, más allá de los comentarios sarcásticos, desnudó como nunca cuál fue la estrategia sanitaria argentina durante la pandemia. O, en todo caso, dejó en claro que la prioridad fueron los intereses políticos e ideológicos por sobre el bienestar general. O, quizá, sólo se trató de negocios.
En pocos días se dieron dos hechos puntuales que explicaron, en cierto modo, el porqué de los datos del país vinculados con el manejo del COVID-19. Primero, el mail enviado por Cecilia Nicolini a su interlocutor ruso en la negociación por la compra de las vacunas Sputnik. Luego, la confirmación de un contrato con el laboratorio Pfizer para adquirir 20 millones de dosis.
El episodio epistolar protagonizado por la asesora presidencial –en el que explícitamente habló del apoyo a un proyecto– permitió inferir que detrás de la transacción había algo más que el desvelo lógico por conseguir bajar con prisa la cifra de contagios, reducir el número de casos graves, descongestionar las camas críticas y permitir la apertura de las actividades económicas y productivas. Fue, además, una explicación al rechazo oficial a la propuesta hecha el año pasado por Pfizer, que había priorizado a Argentina en la distribución de dosis a nivel mundial por haber abierto las puertas y permitir que parte de la fase 3 de la investigación de la vacuna se hiciera aquí.
Hubo un sinfín de especulaciones sobre la caída de aquel contrato. Se tejieron teorías desopilantes y elucubraciones varias. La realidad indica que el Gobierno optó por otra alternativa. Que apostó un pleno a un plan del que, entendía, también podía sacar rédito político. No fue así. No pasó. Y aquella oferta se reflotó y cristalizó tras la presión social que aún hoy exige claridad en el manejo de una situación tan sensible.
